Un Estado inteligente no es sólo aquel que aprovecha la producción de datos públicos a través de nuevas tecnologías de la información y la comunicación para reciclarlos en pos de nuevas políticas públicas. También es aquel que se hace cargo de los datos que producen sus ciudadanos en las redes de Internet allende a los servicios públicos. Este modelo es altamente ventajoso para el Estado, ya que propone que los ciudadanos no sean meros sujetos pasivos que utilizan las nuevas tecnologías y que producen datos, sino que cooperen, interactúen y controlen sus datos como recurso público. ¿Es esto posible? Veamos qué roles tiene la sociedad civil cuando se refiere a sus datos en Internet.

En Internet se produce un movimiento de oscilación, pendular, entre la libre circulación de la información y el derecho a la privacidad, por un lado, y la seguridad y el control, por otro. Los conflictos desatados por esta pendulación son moneda corriente y de debates parlamentarios. Lo llamativo es que esas dos posiciones, que son opuestas, ambas han sido defendidas por la sociedad civil. El debate por la ley sobre cibercafés en Chile y el proyecto de ley presentado en 2014 por la senadora nacional de Argentina Sandra Giménez, que proponía la instalación de filtros que permitan bloquear el acceso  a “una lista de sitios de acceso restringido”, son algunos ejemplos. También podemos sumar el debate por la ley de Grooming en Argentina y Pyraweb en Paraguay. Todas leyes donde estuvo en juego tanto la libre circulación de la información y el respeto a la privacidad de los internautas, por un lado, y la seguridad y el control de los espacios de Internet, por otro. La sociedad civil estuvo en ambos frentes de debate.

Como si fuera una balanza, cuando se habla de la libre circulación de información y la privacidad, el discurso de la seguridad encuentra una contraparte de peso, y viceversa. Se producen divisiones verticales en los actores de la sociedad civil con repercusiones de grados diversos. Las banderas de la sociedad civil están en todos lados, y por lo tanto en ninguno. ¿Con qué posibilidades y probabilidades cuenta la sociedad civil, y con qué herramientas, para asumir su contradicción y superarla?

En la sociedad de la información, cuanta más seguridad hay, cuanto más seguro es un sistema, más se le va quitando del otro lado: menos acceso, menos transparencia. Es un tema que no tiene una solución. Tiene momentos. Entonces, ¿qué se privilegia?

No estaría lejos de la verdad decir que defender a los ciudadanos implica, en algún punto, atacar a otros actores, es decir, tener una seguridad ofensiva. Es claro también que si se alentara a un cambio de hábitos y apropiación en el uso de determinados softwares que potenciaran la privacidad y la libertad de información, éste cambio debería ser total. Cambiar sistema operativo y acostumbrarse a un nuevo rendimiento debido a lo que cuesta el cifrado, y en el transcurso abandonar protocolos, e incluso averiguar si nuestro proveedor de Internet también atenta contra nuestra privacidad o no, usando nuestros datos. Incluso más: Argentina tiene una ley de protección de datos personales hace 15 años. Es una ley cuyo objetivo es proteger la privacidad. ¿Cuánta gente hace un habeas data para darse de baja en alguna base de datos en la que figura sin su consentimiento? Es decir, ¿cuánta gente realmente protege su privacidad? La noción de privacidad que la sociedad civil comparte es muy similar a las condiciones de privacidad que ofrecen los buscadores, navegadores y redes sociales mayormente usadas, cuyo paradigma versa sobre la idea de que la información personal es, en principio, pública.

Si levantar la bandera por la defensa de los datos privados le trae tantos beneficios como problemas, significa que el trabajo a realizar, dentro del marco de posibilidades que dibujan las relaciones de poder e influencia a nivel mundial, es fundamentalmente educativo.

¿Pero quién puede educar a una sociedad civil en sus derechos y responsabilidades? Debe prestarse atención entonces a que el verdadero partido pasa a jugarse al nivel de los Estados nacionales y sobre las sociedades comprendidas en ellos, y en este sentido, Lawrence Lessig, en su conferencia “Las leyes del ciberespacio” da en el clavo: «El código [de internet] compite, así, con el poder regulador de los poderes soberanos locales.» Pero el trabajo del Estado como defensor de una soberanía que comprende a sus ciudadanos, no puede limitar el trabajo de defensa a un miramiento y legislación sobre los actores grandes y pequeños que podrían perjudicar la libertad de expresión o que representen fuertes intereses por la seguridad. También debería ser tenida en cuenta la defensa interna. Debería empezar a asumir tareas de Estado Inteligente, que convive con las consecuencias de las nuevas tecnologías y del inmenso volumen de información producido a cada segundo en las redes de Internet. Si los Estados nacionales deciden recopilar y almacenar los datos de sus ciudadanos para combatir delitos informáticos relacionados con la privacidad, la seguridad y la libertad de información, como en los casos citados anteriormente, ¿dónde quedarían esos datos? ¿En una dependencia del Estado o en un privado? ¿Qué situaciones ameritarían que esos datos sean revelados para una investigación? ¿Tienen todos los datos la misma relevancia? Y una más crucial: si el Estado se embarca en esta empresa, ¿no estaría tomando el problema por su final, cuando debería comenzar por verificar cuál es el Estado actual de los datos de sus ciudadanos en el mundo de Internet, algo así como relevar el estado del arte de la información personal pública?

También hay un gran trabajo por hacer en términos de desmitifación. Asumir una tarea educativa por parte de los Estados nacionales para conducir a sus ciudadanos hacia una concientización de la política de los espacios de Internet, y dar cuenta que existen herramientas con un potencial legítimo para defenderse, como puede ser la ley 26.032 sobre la libertad de expresión en Internet en Argentina, o la 26.388 sobre tipificación de delitos informáticos. Los principios del Estado Inteligente deben ser claramente establecidos a nivel políticas y no tácitamente asumidos a nivel técnico.

Los Estados Inteligentes frente al conflicto entre privacidad y seguridad

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