“En Venezuela, las condiciones de acceso a internet han venido siendo restringidas desde 2008”.

En ocho años han aumentado las regulaciones sobre contenidos y penalizaciones a usuarios de Internet, en función de los objetivos de consolidación de la Revolución Bolivariana

A partir de 2007 hubo un retroceso en las políticas públicas del gobierno en relación con Internet, según la investigadora Iria Puyosa. Este vuelco contradice la “intención” de la gestión del fallecido presidente Chávez (1999 – 2013) cuando, a comienzos del siglo XXI, se promulgó el acceso y el uso del Internet como política prioritaria para el desarrollo cultural, económico, social y político de la República Bolivariana de Venezuela. El decreto 825 dio inicio a una etapa de gobierno electrónico, que insertaba a la nación dentro del concepto de sociedad del conocimiento. Sin embargo, desde el año 2008 el acceso a Internet ha venido siendo restringido por el mismo gobierno que impulsó esta ley.

Puyosa señala en esta entrevista que en el lapso 2007-2015 la conectividad a Internet en Venezuela alcanzó niveles mínimos y aumentaron las regulaciones sobre contenidos y penalizaciones a usuarios de Internet, en función de los objetivos de consolidación de la Revolución Bolivariana. Así mismo, declara que las condiciones de acceso a Internet se han visto bajo amenazas como consecuencia de la desinversión en infraestructura de telecomunicaciones, la restricción en la asignación de divisas para importación de tecnología, y la inversión en Internet en las universidades nacionales.

La especialista en comunicación política y redes sociales, recomienda al Estado venezolano retomar los lineamientos generales del decreto 825 para orientar la política pública de Internet. De igual manera, promover dinámicas de e-participación en la gestión pública, que conduzcan al establecimiento de un gobierno abierto.

El principal problema de infraestructura para Internet en Venezuela es el retraso en el Octavo Proyecto de Servicio Universal o Red Nacional de Transporte y el Noveno Proyecto de Servicio Universal. Foto archivo
¿Cómo evalúa el acceso a Internet en Venezuela?

En Venezuela, las condiciones de acceso a Internet han venido siendo restringidas desde 2008. Las acciones para la restricción del acceso incluyen:

—Desinversión en infraestructura de telecomunicaciones (desde 2008, con la reestatización de CANTV).
—Restricción de asignación de divisas para importación de tecnología y equipos para la infraestructura de conectividad (2009).
—Calificación del uso de Internet como gasto suntuario (2009).
—Restricción de las inversiones en internet en las universidades nacionales (2009)
Retraso en la ejecución del Octavo Proyecto de Servicio Universal o Red Nacional de Transporte (2011), lo que impide el crecimiento de la oferta de servicios de Internet, telefonía celular y televisión por cable, afectando especialmente al oriente y sur del país.
Deterioro de la infraestructura, con la consiguiente disminución de la velocidad de las conexiones (lo que es especialmente notorio a partir de 2013, cuando Venezuela comienza a tener la peor velocidad de conexión de suramérica).
Patrón consistente throttling en los principales proveedores de acceso a Internet.
¿Cuál es el balance que maneja acerca de las regulaciones del contenido que circula a través de la red?

A partir del artículo 27 de la Ley RESORTE-ME (2010), se han establecido regulaciones de contenido para los medios digitales y para los ISPs. El caso más conspicuo es el bloqueo de páginas web sobre el mercado del dólar paralelo, que han sido bloqueadas desde 2014.

El estudio de IPYS, realizado entre noviembre 2015 y enero 2016, confirmó el uso en Venezuela de bloqueo de DNS para 44 dominios en 9 categorías de contenidos diferentes (mercado paralelo, medios, blogs de crítica al chavismo, herramientas de colaboración, sitios de apuestas, herramientas de comunicación personal, herramientas de anonimización, gore y servicios de hospedaje web.

¿Cómo el ciudadano en red puede sortear la censura en Internet?

Los ciudadanos, especialmente los activistas sociales, los defensores de DDHH y los periodistas, deben formarse en el uso de herramientas de seguridad informática.
Las herramientas básicas para evadir la censura en Internet son:

Cambiar la configuración de los servidores de la conexión a internet a OpenDNS o DNS de Google.
El uso de proxies, como Proxy.org
El uso de herramientas de anonimización, como Tor
El uso de una red virtual privada (“virtual private network, o VPN).
¿Cómo evalúa el marco normativo que se desarrolla en Venezuela en materia de Internet?

A partir de 2007 ocurre un viraje en las políticas públicas del gobierno de Venezuela en relación con Internet. En contraposición al modelo de apertura que había estado vigente al inicio del siglo, luego de 2007 comienza a establecerse un modelo de control político, que coincide con el proyecto general de hegemonía comunicacional. En el estudio del caso Venezuela 2007-2015, se observa cómo la política pública para Internet se fue modificando en la medida en que el régimen político pasó de ser una democracia delegativa a ser un régimen con predominio de rasgos autoritarios. Los cambios en la política para Internet del Estado venezolano alcanzan expresión institucional en el II Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013-2019, conocido como Plan de la Patria. En este lapso, efectivamente la conectividad a internet en Venezuela ha alcanzado niveles mínimos. Asimismo, en este período han aumentado las regulaciones sobre contenidos y penalizaciones a usuarios de Internet en función de los objetivos de consolidación de la Revolución Bolivariana.

En medio de la polarización ¿cómo se convierte la web social en un instrumento político para la ciudadanía en red?

La política informativa actual del gobierno en la web social se centra en objetivos de control político. Con el bloqueo de la web (en combinación con la censura en medios masivos) aumenta la incertidumbre de los ciudadanos sobre la magnitud de la crisis, con lo cual resultan más vulnerables a la propaganda. Promoviendo mensajes propagandísticos que sustituyan a la información verificada, también se intenta acentuar la polarización. Así se debilitan las condiciones para el debate informado, con lo que se obstaculiza la generación de consenso sobre asuntos públicos. El uso de la violencia verbal y de la neolengua hace crecer las barreras para la acción colectiva, porque pone obstáculos a la construcción de redes de confianza a través de las conversaciones en la web.

¿Cuáles son los problemas técnicos o de infraestructura por los que atraviesa Internet en Venezuela?

El principal problema es el retraso en el Octavo Proyecto de Servicio Universal o Red Nacional de Transporte y el Noveno Proyecto de Servicio Universal. El Octavo Proyecto de Servicio Universal consistía en “el despliegue de 6.886,22 Km de fibra óptica a lo largo y ancho del territorio nacional, con 213 puntos de presencia (Nodos), y un Centro de Operaciones de la Red dotado de un centro de datos y de una plataforma telefónica de próxima generación, que permitirá los servicios de transporte de datos, procesamiento de llamadas (señalización, enrutamiento, facturación), acceso a centro de datos (hospedaje Web, e-mail, respaldo de datos), multidifusión de videocontenidos encapsulados en IP, entre otros”. (CONATEL, Julio 2015).

El Octavo Proyecto de Servicio Universal tenía como objetivo la construcción de infraestructura de fibra óptica para proporcionar servicios de telecomunicaciones en 18 de las 24 entidades del país (Amazonas, Anzoátegui, Apure, Aragua, Barinas, Bolívar, Cojedes, Falcón, Guárico, Lara, Mérida, Miranda, Monagas, Portuguesa, Sucre, Táchira, Trujillo y Zulia). Este proyecto debió ser culminado en 2012. En el informe anual de CONATEL, correspondiente a 2013 se reportaba la ejecución de 63% de este proyecto. En enero de 2014 se anunció que el proyecto se culminaría antes de finalizar ese año. Desde entonces no se ha publicado más información sobre los avances de este proyecto, que sigue reportándose como en proceso.

De acuerdo con la planificación original, el Octavo Proyecto tendría que ser complementado con el Noveno Proyecto de Servicio Universal, que consistía en la expansión de la fibra óptica desde la red de transporte hasta los hogares de los usuarios , privilegiando el eje Orinoco-Apure y la Región nororiental, en donde se localizaban las poblaciones que recibían menor oferta de servicios tecnológicos. El Noveno Proyecto de Servicio Universal fue planificado para ser culminado en 2020. En 2015 se reportó como cancelado.

¿Cuál es el impacto del CESPPA para la libertad de expresión en Internet?

No tenemos mediciones del impacto de las acciones del CESPPA en la libertad de expresión, pero es un asunto de preocupación y alerta el hecho de que que exista en Venezuela un organismo con atribuciones para intercepción de comunicaciones personales sin orden judicial.

¿A dónde se debe dirigir una política pública para el uso y acceso de Internet en Venezuela?

Los lineamientos generales del decreto 825 continúan siendo válidos para orientar la política pública sobre internet que debería adoptar en el futuro el Estado venezolano.

En 2012, en el contexto de la campaña presidencial se presentaron un conjunto de lineamientos para las políticas públicas sobre TICs que suscribimos. De esos lineamientos cito: Retomar la inversión en el desarrollo de la infraestructura necesaria para telecomunicaciones y para uso de internet. Garantizar el acceso universal y a bajo costo de las comunicaciones digitales (teléfono, cable, etc.). Fomentar un uso universal de las TICs en todos los niveles educativos para avanzar en la sociedad de la información y el conocimiento. Aseguramiento jurídico de la neutralidad de la red y de la libertad en la publicación de contenidos sin censura previa, y promoción dinámicas de e-participación en la gestión pública, que conduzcan al establecimiento de un gobierno abierto.

Iria Puyosa: “En Venezuela, las condiciones de acceso a internet han venido siendo restringidas desde 2008”

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