La prensa cubana, alentada por el llamado del Presidente Raúl Castro en favor de reformas en 2010, está encontrando más espacio para la opinión crítica, pero el acoso y la intimidación por parte de las autoridades, el vacío legal provocado por anticuadas y restrictivas disposiciones legales sobre la actividad de la prensa, y el limitado y costoso acceso a la Internet están frenando el avance de la libertad de prensa en la isla. Un informe especial del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés)

Una animada blogosfera, un número cada vez mayor de sitios web de noticias que contienen investigaciones periodísticas y opiniones, y una innovadora generación de periodistas independientes que son críticos de las ideas socialistas y, no obstante, las siguen apoyando, han transformado esencialmente el panorama mediático cubano en los últimos cinco años.

El mayor dinamismo en el panorama de los medios contrasta en forma marcada con el restrictivo marco jurídico de la isla, que limita la libertad de expresión con el pretexto de proteger la “independencia o integridad territorial del Estado”. La constitución prohíbe la propiedad privada de la prensa y todos los medios están presuntamente controlados por el Estado comunista de partido único, pero el auge de la cobertura informativa independiente es una señal de una Cuba en cambio.

Los periodistas, desde los más críticos –que son conocidos como disidentes– hasta los graduados de periodismo, los documentalistas y los blogueros en favor de la revolución están abriendo nuevos espacios para la libertad de expresión y el periodismo emprendedor que hasta hace poco parecían zonas vedadas.

Los blogueros que el CPJ entrevistó afirmaron que han aceptado con satisfacción la relajación de restricciones. “Estamos viendo oportunidades que parecían inconcebibles hace cinco años”, explicó Alejandro Rodríguez, quien en 2012 renunció a su puesto de trabajo en Adelante, un semanario estatal de la oriental ciudad de Camagüey, para lanzar un blog.

No obstante, muchos sostuvieron que queda mucho por hacer, pues la amenaza de la detención arbitraria, las anticuadas y ambiguas disposiciones legales y las limitaciones sobre el acceso a la Internet frenan el avance en materia de libertad de prensa en Cuba.

El presidente Barack Obama camina entre las multitudes en La Habana en marzo de 2016, meses después del restablecimiento de los vínculos diplomáticos entre Estados Unidos y Cuba. (AFP/Yamil Lage)

El presidente Barack Obama camina entre las multitudes en La Habana en marzo de 2016, meses después del restablecimiento de los vínculos diplomáticos entre Estados Unidos y Cuba. (AFP/Yamil Lage)

El acceso a la Internet, que según las Naciones Unidas ocupa el último lugar en las Américas, sigue siendo inalcanzable para la mayoría de los ciudadanos. Y aunque la represión estatal sistemática a gran escala ha disminuido significativamente, los opositores más estridentes en los medios expresaron al CPJ que siguen enfrentando acoso e intimidación por parte de las autoridades.

El floreciente ámbito de los medios comenzó a expandirse en 2011. Durante ese año, el presidente Raúl Castro introdujo reformas de mercado con el objetivo de reinventar el socialismo. Sin embargo, muchas de esas reformas se han implementado con lentitud y hasta se han revertido en algunos aspectos.

Cuando se lanzó por primera vez el llamado para suavizar las restricciones, la dirigencia del partido instó a la sociedad cubana a criticar al gobierno y a las instituciones estatales. En un discurso pronunciado en diciembre de 2010, Castro le dijo a la Asamblea Nacional que no temiera las discrepancias ni las diferencias de opinión.

Estas declaraciones han envalentonado a los periodistas, en particular los que trabajan en la prensa estatal. Y aunque prácticamente no se critican las políticas gubernamentales en los medios oficiales, la mayoría de los periódicos –entre ellos el diario nacional Granma– han comenzado secciones de “Cartas al editor” que les ofrecen a los cubanos un canal para expresar opiniones.

Periodistas oficiales y académicos de La Habana afirmaron que reconocían la necesidad de que la prensa oficial fuera más crítica y algunos han pedido una ley de acceso a la información pública. Laura Blanco Betancourt, reportera del diario provincial estatal Vanguardia, admitió que la ausencia de una “cultura de debate” había impedido sostener conversaciones con franqueza dentro de la prensa oficial. José Ramón Vidal, ex editor del diario Juventud Rebelde, fue más allá en una entrevista publicada en la edición de diciembre 2015-marzo 2016 de la revista mexicana Razón y Palabra, en la que argumentó que Cuba debe cambiar su “modelo comunicacional” porque “importantes cuestiones sociales” se estaban dejando de lado. Vidal, profesor de Comunicación en la Universidad de La Habana, señaló que el modelo mediático centrado en la propaganda estaba en crisis y que los cubanos ya no le prestaban atención.

Raudiel Peña Barrios, un jurista de La Habana, escribió en la revista digital OnCuba, “el sólo hecho de que se esté debatiendo sobre esta temática [la regulación de los medios] es una gran novedad en el contexto cubano”. En un artículo titulado “El derecho a la información en Cuba: ¿posibilidad o utopía?”, Peña sostuvo que semejante ley “debe contribuir a democratizar el acceso a la información”.

Blanco Betancourt, quien reside en la ciudad de Santa Clara, afirmó que una estrategia de comunicación pública podía ayudar y añadió que cualquier ley de esa índole “debe incluir el acceso a la información pública para todos los cubanos”.

Aunque el férreo control del gobierno cubano sobre la prensa ha mermado en los últimos años, las autoridades siguen ejerciendo control sobre los medios y los periodistas independientes más críticos siguen sometidos al acoso. Los encarcelamientos por períodos prolongados se han vuelto infrecuentes desde la ola represiva de 2003 –durante la cual el CPJ documentó los casos de 29 periodistas que cumplían largas penas de cárcel– pero las detenciones y citaciones siguen siendo comunes, según datos del CPJ. La acusación, entonces común, de actuar como “mercenarios” al servicio de Estados Unidos se ha vuelto casi obsoleta.

El restablecimiento de vínculos diplomáticos entre Washington y La Habana en diciembre de 2014, sumado a la histórica visita a Cuba del presidente estadounidense Barack Obama en marzo de 2016, han dificultado que el gobierno justifique la censura de la prensa como un medio para proteger al país de la agresión estadounidense, de acuerdo con periodistas cubanos.

No obstante, el día de la llegada de Obama a Cuba, el bloguero independiente y activista Lázaro Yuri Valle Roca fue arrestado y detenido durante cinco días luego de que intentara cubrir una protesta de Las Damas de Blanco, grupo opositor fundado por las esposas de los disidentes encarcelados. El periodista declaró al CPJ luego de su liberación que no lo habían procesado, pero que le habían advertido que podía ser enjuiciado si lo volvían a arrestar.

El restablecimiento de los vínculos diplomáticos ha llevado a algunos analistas a sugerir que Cuba regresaría a la Organización de los Estados Americanos (OEA), de la que fue expulsada en 1962. Pero en junio, el gobierno cubano declaró que como una muestra de solidaridad con Venezuela, no se uniría a la organización, según informó la BBC. La declaración de Castro ocurrió luego de que el secretario general de la OEA, Luis Almagro, anunciara la posible aplicación de sanciones a Venezuela. La membresía en la OEA, cuyo mandato incluye una comisión para la protección de los derechos humanos, exigiría que Cuba mejorara su situación en materia de libertad de prensa, inclusive la reducción de restricciones sobre el acceso a la Internet y el cese del acoso a periodistas.

Límites de la libertad de prensa
Cuba, que ocupó el décimo puesto en la lista del CPJ sobre los países con mayor censura en 2015, posee las disposiciones legales más restrictivas en materia de libertad de expresión y libertad de prensa de las Américas. El código penal cubano contiene disposiciones que limitan la libertad de prensa.

Una mujer lee un periódico estatal en Centro Habana. La prensa oficial se ha envalentonado por las declaraciones de Castro en el sentido de que los medios deben ser más críticos. (AFP/Flippo Monteforte)

Una mujer lee un periódico estatal en Centro Habana. La prensa oficial se ha envalentonado por las declaraciones de Castro en el sentido de que los medios deben ser más críticos. (AFP/Flippo Monteforte)

La mayoría de los procesos penales que amenazan la libre expresión contemplan el delito de desacato a la autoridad, previsto en el Artículo 144; el delito de “propaganda enemiga”, previsto en el Artículo 115; o el delito de actuar “contra la independencia o la integridad territorial del Estado”, previsto en el Artículo 91, que con frecuencia se emplea en combinación con la Ley 88, “de protección de la independencia nacional y la economía of Cuba”, según un estudio comparativo de 2016 sobre las leyes penales sobre la difamación en las Américas, elaborado para el CPJ por el estudio de abogados Debevoise & Plimpton en colaboración con la Fundación Thomson Reuters. Tales delitos pueden ser sancionados con una pena privativa de libertad de hasta 20 años.

La mayoría de los procesos aluden a la difamación de las instituciones públicas, de organizaciones y de héroes y mártires nacionales, disposiciones que también se utilizan junto con otras para limitar la libertad de expresión al impedir el debate público y la crítica a las autoridades y las políticas gubernamentales.

La amplia transformación del panorama mediático ha extendido el espacio para la crítica y les ha permitido a todos los sectores de la prensa profundizar en cuestiones vistas anteriormente como tabú, como por ejemplo los derechos de los homosexuales, las denuncias de corrupción oficial y la pobreza.

La Internet quizás sea el mayor obstáculo para que los periodistas se vuelvan relevantes, porque la mayoría del contenido es consumido fuera de la isla. Al mismo tiempo, los periodistas deben pagar elevados precios por el acceso a la Internet y encontrar formas originales de diseminar su trabajo a un público que en forma mayoritaria está desconectado de la Internet.

Estos periodistas de los nuevos medios también se desempeñan en un vacío legal. El Artículo 53 de la constitución prohíbe la propiedad privada sobre los medios de prensa y reconoce “la libertad de palabra y prensa conforme a los fines de la sociedad socialista”. Muchos de los periodistas entrevistados por el CPJ señalaron que abordan su tarea informativa con cautela y a veces se abstienen de publicar trabajos abiertamente críticos debido al marco legal vigente.

Desmantelar el marco legal para la prensa, eliminar todas las barreras al acceso individual a la Web, y a la vez expandirla a la población en general, son factores claves para promover un ambiente más abierto, según analistas y expertos en el tema cubano.

La lenta reducción de las restricciones refleja un gobierno con muchos dirigentes de alto rango mayores de 80 años que no son parte de una comunidad virtual activa. En el gobierno y la dirigencia del partido se debate cuán rápida debe ser esta apertura.

Los disidentes, los periodistas que informan sobre cuestiones sociales pero que no son considerados hostiles, los blogueros progubernamentales y los integrantes de la prensa estatal coinciden todos en un punto: quieren que el gobierno les ofrezca acceso mayor, más económico y menos restringido a los 11 millones de habitantes de Cuba.

En una entrevista concedida en julio de 2015 al diario Juventud Rebelde, José Ramón Machado Ventura, el segundo más alto dirigente del Partido Comunista de Cuba, acusó a extranjeros de tratar de promover la ampliación del acceso a la Internet “no con el fin de que el pueblo cubano se comunique, sino con el propósito de penetrarnos y hacer trabajo ideológico para lograr una nueva conquista”. Este obstinado enfoque en torno al acceso a la Internet pone en duda si el gobierno cumplirá su promesa de llevar el acceso a la Internet al 50 % de la población para el 2020, si lo permite la situación económica. Semejante logro exigirá mucha valentía de parte de la dirigencia cubana.

https://cpj.org/es/2016/09/conectar-a-cuba-mas-espacio-para-critica-pero-rest.php

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