Con la excusa de la “piratería” online, el TPP mantiene a las proveedoras de servicios de internet (Telefónica, Claro, Tigo, etcétera) como controladores de la circulación de contenidos en internet, lo que afectaría derechos como la libertad de expresión y el acceso a la cultura. Además, con la excusa de la necesidad del flujo de datos para el comercio electrónico, el TPP impide resguardos efectivos para la información personal, afectando a la privacidad.

¿Cómo?
El TPP obliga a los países a crear incentivos legales para que “cooperen” con titulares de derechos de autor para desincentivar, o tomar acción, contra el almacenamiento o la transmisión de contenidos infractores del copyright.

Para hacerlo, Estados Unidos logró que los países firmantes tengan como alternativa de peso importar el modelo de la DMCA (la ley de propiedad intelectual sobre internet y tecnologías digitales de EE. UU.), que establece responsabilidad legal de las empresas de internet en caso de no remover el supuesto contenido infractor de copyright, después de haber recibido una notificación directa del reclamante.

Lo que es grave, y conociendo las múltiples denuncias sobre censura previa y los efectos dañinos en la libertad de expresión online que ha tenido la DMCA, es que el TPP en ningún caso establece un estándar alto de certeza sobre tal infracción, ni el resguardo de una autoridad judicial imparcial o de un procedimiento justo que hagan procedente el acto de retiro de material en internet.
En consecuencia, aquellos países que no han establecido un procedimiento para el retiro de internet de los contenidos infractores de copyright, podrán adoptar un modelo similar al de la DMCA.

Además, el capítulo de comercio electrónico limita la capacidad de los países de establecer reglas de localización de datos, para proteger el libre flujo de información. Esto podría entorpecer reglas de protección de datos personales de forma efectiva, afectando a la privacidad.

A tener en cuenta:
Si bien el modelo de la DMCA es claramente el impulsado por el tratado, el TPP parece no impedir el establecimiento de procesos justos con retiro mediante orden por una autoridad judicial o administrativa.
Es más, una alternativa es que se implemente un sistema como el chileno, con orden judicial como única vía obligatoria para retirar contenido infractor de internet. No obstante, el Informe Especial 301 del USTR (la misma agencia que ha negociado agresivamente el TPP), ha sido enfático en su insatisfacción con dicho sistema; además, con los mecanismos de implementación controlados desde Estados Unidos, el establecimiento de un sistema similar en otros países, con toda probabilidad, no pasaría el test de la certificación.

Conclusión:
Con lo anterior, el TPP pone a los países de Latinoamérica que no tienen regulado de forma específica el retiro de contenidos –Perú y México–, en la incómoda posición de un deber de implementar mecanismos de retiro de contenido infractor de derechos de autor en internet, bajo la atenta mirada del país que intenta exportar el modelo de la DMCA. Del mismo modo, el TPP impediría la fijación de reglas de protección adecuada de datos personales por facilitar el comercio electrónico en los términos del tratado. La implementación de tan bajos estándares de protección a los usuarios, se haría sin contrapesos suficientes para impulsar sistemas justos que protejan derechos como la libertad de expresión y la privacidad en internet.

http://tppabierto.net/derechos-digitales

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