El siglo XXI ha acelerado su carrera por la reinvindicación de Derechos Humanos que se corresponden con exigencias reales de segmentos muy específicos de las sociedades modernas. Hoy en día, y desde hace un poco más de un lustro, los Derechos Humanos gravitan alrededor de temas que van desde el matrimonio homosexual y sus implicaciones hasta el derecho a la libertad de culto de los musulmanes en su diáspora universal. Es mucho lo que se ha escrito y mucho lo que se ha legislado en esta materia que merece la atención de quienes en su evolución ciudadana persiguen precisamente garantizar los valores primordiales que definieron y hoy definen esta lucha incansable.

Libertad, Igualdad y Fraternidad, como pilares de un mundo civilizado, como ejes axiomáticos de un modelo de Paz y Progreso que precisamente se ve interrumpido cuando los Derechos Humanos, cualquiera sea su naturaleza son transgredidos por gobiernos totalitarios que abusan de su condición de poder para ejercer por la vía tiránica la represión y las lamentables consecuencias de privación que estas conllevan.
Desde finales del siglo pasado, el ser humano ha comenzado su transitar por un ecosistema muy peculiar que ha sido ignorado por muchos tal vez por considerar que su inmaterialidad evade la razón de ser de su existencia, tal vez subvalorando el sistema de valores que es necesario reconocer para garantizar una interacción correcta entre personas y grupos. Este entorno es el ciberespacio, ámbito olvidado del portafolio de Derechos, donde la presunta libertad con la que cuenta por definición su radio de acción ha permitido el abuso de gobiernos y gobernantes para ignorar los derechos humanos que nacen de la interacción en el medio y han preferido trasladar reglamentos, códigos y leyes punitivas hacia una esfera que desconoce sus derechos y solo encuentra, bajo el estado de amenaza muchas veces, deberes que no se compaginan en su esencia con el “deber ser” de su formulación.
La polémica sobre la ética en la utilización de las herramientas digitales comienza con el lanzamiento de los primeros espacios de interacción social en la Red, pero la tecnología avanzó más rápido que los pensadores, mucho más rápido que los legisladores y tal vez demasiado rápido para los activistas de Derechos Humanos.
Tal vez por esta velocidad en el mundo digital, los gobiernos locales y nacionales optaron por regular sobre la base de la extrapolación de normas de otros espacios y lograron con esto adaptar comportamientos errados en el mundo digital con equivalentes en el mundo material y con esto construyeron reglas, normas y leyes que aplicaron y aplican con la naturalidad suficiente de quien ignora que en la interacción humana en Internet nacieron nuevos derechos que no conocen, ni ellos ni los usuarios, quienes gozan de la misma sustantividad de aquellos que nacieron con ellos y que fueron reclamados por generaciones de forjadores de una ciudadanía que hoy es global, entre otras cosas gracias a la Web.
Comencemos por el Derecho al Acceso a Internet, inalienable obligación del Estado que debe instrumentar políticas y mecanismos al gobierno en todas sus instancias para garantizar que todos los ciudadanos, sin distingo de ninguna clase. Como diría el Dr. Bustamante Donas, uno de los más notables tratadistas en la materia, debemos pasar de la racionalidad instrumental de la escuela de Franckfurt a la racionalidad tecnológica como un nuevo paso en la asimilación de nuevas formas humanas de interrelación y de comunicación. ¿Cómo ignorar que existen comunidades virtuales y que ellas gozan de derechos en su ámbito de acción independientes de la geografía y del contexto político administrativo de sus miembros?.
De manera que el acceso democrático a la Internet y a la información que en ella está contenida debe ser un derecho ciudadano de primer orden , donde gobierno y sector privado conjugen sus mejores y mayores esfuerzos en asegurar calidad de conexión y accesibilidad económica al mismo. Y esto es lo que los entendidos han denominado el Derecho a exsitir digitalmente. No podemos actuar si no somos, y esta premisa filosófica del mundo real se aplica al mundo virtual a través del derecho al acceso al mismo.
Pero también tenemos derecho a gozar de una identidad digital inalienable, que compile en su forma los atributos del mundo real pero que asegure que el control de los rasgos de validación de esta identidad son personalísimos. Las claves y accesos son elementos de identidad personal que no deben ser usurpados ni obtenidos sin el consentimiento de su propietario.
Siendo un espacio de ámbito global, de alcance ilimitado es evidente que nace de su misma naturaleza la necesidad de garantizar en este mundo de exposición la reputación y honra con autonomía propia ya que aunque su origen es indudablemente derivado del mundo real, en el ciberespacio el principio pro homine cobra importancia relevante, toda vez que no hay espacio informativo de mayor alcance que la Red de Redes.
La libertad digital va más allá del acceso irrestricto a cualquier rincón de su contenido toda vez que en Internet opera el princpio de clausura del derecho privado que establece que todo lo que no está prohibido está permitido, y ningún gobierno deberia prohibir el acceso público a lo que nace para ser público. Esto es censura y es lo que este derecho en especial trata de evitar.
Tenemos derecho a un domicilio digital, a la administración eficiente de trámites digitales, a la privacidad virtual y a otras consideraciones que merecen ser debatidas, analizadas y plasmadas en un pliego declaratorio de tales derechos para que el mundo entienda como dice Pérez Luño que:

“El utopismo ácrata se opone a cualquier regulación del Ciberespacio por entender que con ello se reprime la libertad de los cibernautas, a la vez, que se refuerza el poder estatal, Pero la realidad no es tan simple. Paradójicamente, los grandes beneficiarios de la anarquía de Internet no son los cibernautas particulares, sino las grandes multimacionales e, incluso, los aparatos de control social de los gobiernos. Los peligros de una utilización abusiva, incontrolada o criminal de ese espacio, plantean ahora, de forma apremiante, la necesidad de su ordenación jurídica”

Estamos frente a la necesidad de plantear nuestros Derechos Digitales para que los legisladores los recojan en instrumentos específicos y con ello permitan la ansiada Paz Cibernética y Seguridad Informática de un mundo real de progreso.

Amanecerá y veremos…

Artículo tomado de Newsweek en Español. Derechos Reservados.

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